Todo se une en la Amazonía. La región que está al sur de Colombia y que hasta hace menos de dos años era el fortín de la guerrilla de las FARC, ahora parece ser el albergue de una estructura criminal que une a las disidencias del extinto grupo armado, a las bandas criminales y a actores políticos y económicos que buscan adueñarse de esas tierras.
Tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, el grupo guerrillero salió de los territorios que gobernó con armas durante medio siglo. El objetivo era que el Estado hiciera presencia en esos lugares históricamente afectados por el conflicto armado. Pero eso no pasó. En esta región está ocurriendo de manera acelerada todo lo que muchos temían: deforestación, acaparamiento de tierras, extensión de la frontera agropecuaria y un aumento de los cultivos ilícitos y la minería ilegal.
“Hay grupos que están trayendo gente al territorio y les están otorgando la tierra ilegalmente. Entonces los mandan a comprar vacas, les dicen: ‘tumben aquí’, ‘métalas acá’, ‘meta un poquito de coca’. (…) Hay ganaderos que están comprando hasta donde les alcanza el dinero y lo hacen porque el Estado tiene nula gobernabilidad sobre los baldíos (los predios de la Nación). Veredas enteras de algunos municipios han desaparecido porque han sido compradas por una sola persona”, cuenta a Mongabay Latam un habitante de la región que ha sido testigo de lo que está ocurriendo y que prefiere no decir su nombre por miedo a represalias en su contra.
Su afirmación la confirma el general César Parra, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional, que abarca parte de la Amazonía colombiana. El oficial asegura que, desde que el gobierno anunció que se legalizarían siete millones de hectáreas y se redistribuirían tres más tras el Acuerdo de Paz, muchas personas buscan quedarse con un “pedazo de la tajada”. Tiene claro que, pese a que el Ejército puede llegar a cualquier rincón del país, es necesario que el Estado haga presencia en estos territorios...
