El sistema de asentamientos de la región amazónica colombiana se entiende como una construcción social del espacio, en la medida que sobre cada tipo se despliegan diferentes lógicas de apropiación y uso del territorio, de segmentación y segregación de este y sus conglomerados humanos, explicables por el proceso histórico, político, económico, social y cultural. Trátese de fincas, pequeños pueblos rurales, asentamientos de comunidades indígenas, cabeceras municipales o ciudades, que sin lugar a dudas son construcciones sociales, identificables a través de los roles o funciones que predominantemente ejercen y que les permiten lograr identidad y funcionalidad en el territorio.
El resultado de lo anterior, es la fragmentación territorial producto de la diferenciación socioeconómica, que puede expresarse en subregiones como espacios socialmente construidos y como hegemonías de poder y en diferentes tipos de asentamientos (Salazar y Riaño, 2016).
Son los centros urbanos que concentran el mayor número de habitantes, presentan la más importante oferta de servicios y equipamientos dentro del departamento, así como mayor desarrollo administrativo e ingresos corrientes de la Nación. En la región están: Florencia, San José del Guaviare, Leticia, Mocoa, Inírida y Mitú.
Constituyen áreas de consolidación de la colonización por formar parte de los espacios de poblamiento y ocupación más antiguos. Allí se concentra la población, la oferta de servicios económicos, sociales, culturales e institucionales, equipamientos, e intentos de conformación de agroindustrias y una fuerte dependencia del Estado central. Ejercen gran influencia respecto a áreas más distantes con predominio agrícola, pecuario y forestal. Son ejemplo de esto Puerto Asís, San Vicente del Caguán y 44 cabeceras más. Sobre estos centros hay constante presión por el acceso a servicios y por la posesión de la tierra urbana, originando nuevos frentes dinámicos de migración rural-rural y rural-urbana, ya que la expulsión de la población es frecuente por razones económicas (costo, concentración y altos precios de la tierra) y extraeconómicas (violencia). En consecuencia, aparecen manifestaciones de marginalidad urbana, de concentración de la propiedad y afianzamiento del sector terciario; bajos niveles de productividad, empleo y producción de excedentes.
Representan el área de consolidación de la población urbana con predominio de población indígena. Ofrecen mínimos servicios sociales, económicos y administrativos para la población indígena y colono-campesina que las habita. Entre ellos están: Mapiripana, San Felipe, Puerto Colombia, La Pedrera, Tarapacá, La Chorrera y quince más.
Corresponden a los llamados caseríos, cabeceras de las inspecciones de policía y cabeceras de los corregimientos municipales, se conocen como “estribos” de la ocupación y son poblados de pequeñas dimensiones que cumplen roles epicentrales para determinadas áreas geográficas. Tienen escasa oferta de servicios sociales, económicos y administrativos para la población. Su área de localización se considera transicional e intermedia entre la colonización consolidada y los frentes de colonización; predomina la ganadería extensiva y en algunos casos pequeñas ganaderías y algunas actividades agrícolas de algún rendimiento comercial. Entre ellos están: La Libertad, Remolino del Caguán, Río Negro, Cachicamo, La Tagua, Araracuara, La Unión Peneya. Centros rurales de campesinos colonos en áreas de reserva forestal y en areas sustraídas de estas.
Constituyen el germen de nuevos asentamientos que pueden consolidarse, estancarse o desaparecer, dependiendo de la dinámica económica del lugar en donde estén, la cual se establece entre los perímetros de las cabeceras municipales y el límite de los municipios, en la llamada área rural dispersa.
Son los núcleos donde habita la población indígena que, en su proceso de contacto, ha optado por esta forma de asentamiento, con el fin de acceder a los programas y servicios que brindan las instituciones del Estado, configurando núcleos habitacionales con precaria infraestructura institucional. Por ejemplo, Naranjales, Comunidad km 11, Nazareth, Villa Fátima, Atacuari, Palmeras, La Paya.
Se refiere a las zonas rurales de los municipios excluyendo los centros poblados. Conformadas por la constelación de veredas y fincas que pertenecen al municipio, son la célula primaria de la organización social del espacio rural campesino. Este hábitat se caracteriza por la casa campesina, la dispersión de las viviendas, los materiales de construcción y sus relaciones con los elementos disponibles en el entorno natural. Son también espacios de frontera abierta, frentes de colonización o áreas de punta, al constituirse en sitios de penetración, localizados sobre las riberas de los principales ríos o de sus afluentes y sobre las trochas y caminos carreteables en construcción, presentando un activo movimiento poblacional y una agricultura básicamente de subsistencia. Se originan en la inequidad de la estructura de la propiedad rural y los conflictos sucesivos, primero en las áreas centrales del país (región andina) y luego en las propias áreas consolidadas de las zonas de colonización, que reproducen el patrón de estructuración espacial rural excluyente. En lo social, estos frentes de colonización son impulsados de modo permanente por la masa de población más pobre del país o de las áreas consolidadas de la colonización.
Este tipo de asentamiento también se puede denominar como etapa de mercados emergentes. En esta se mejoran las conexiones y la estructura vial, al igual que el transporte, la infraestructura, la seguridad en la tenencia de la tierra y la acción legal de las instituciones, dando lugar a oportunidades de mercado. Tales oportunidades de mercado y las mejores condiciones de vida atraen a una segunda "oleada" de colonos (con algo más de capital), capaces de emprender actividades que dan rentabilidad más alta al capital y mano de obra, que en la etapa pionera temprana. Aquellos colonos pioneros que no acumularon suficiente capital para alcanzar estos niveles, se ven forzados a vender la tierra y se trasladan a otro frente pionero o a las áreas urbanas.
Corresponden a los entes territoriales como resguardos y reservas legalizados, como también a los territorios sagrados, tradicionales y de importancia cultural, reconocidos pero no legalizados. Expresan formas de organización social endógena y en proceso de integración a la sociedad de la economía de mercado. Su base demográfica y sus formas de organización social y productiva han soportado, en las últimas décadas, un proceso de descomposición y desintegración. En la actualidad, representan una proporción muy baja respecto a la población total de la región y enfrentan serio riesgo de extinción demográfica y cultural, por su tamaño, las precarias condiciones de reproducción biológica y social, el desplazamiento territorial derivado de los procesos de colonización y ocupación de sus territorios ancestrales, los procesos de transculturación de sus formas de organización económica y social, la depredación de los recursos naturales y la presión de los actores del conflicto armado, entre otros.
Si bien las comunidades indígenas son los ocupantes tradicionales de las regiones selváticas amazónicas, han venido formando parte del sistema de asentamientos a medida que se han incorporado a los circuitos mercantiles, haciendo uso de la oferta institucional del Estado por la vía del reconocimiento legal de los territorios, por la recolonización de territorios tradicionales o la ocupación por comunidades indígenas que no son de la región (es el caso de los embera-chamí, llegados del Chocó; los coyaima-natagaima, del Tolima; los uitoto, del Trapecio), y, en general, por sus luchas en busca de la perpetuación social, económica y cultural de estos pueblos indígenas. De constituir pueblos numerosos en la época precolombina, han venido históricamente soportando un proceso de descomposición y desintegración de su base demográfica y de sus formas de organización social y productiva, particularmente en las últimas décadas.
Territorios de indígenas nómadas
Son áreas declaradas como resguardos donde su población construye refugios temporales y obtiene del entorno todo lo requerido para su subsistencia. En la actualidad, son víctimas de desplazamiento y afrontan serios retos de supervivencia física y cultural. El ejemplo más conocido de estos es el de los nukak makú.
En los dos últimos años, se estableció la certeza científica de la existencia de grupos indígenas en aislamiento en la región amazónica colombiana. Esta es una decisión que toma un grupo humano libre y voluntariamente, para pervivir de acuerdo con usos y costumbres propias y así crear una identidad cultural que se diferencia de todos los demás grupos humanos. Esta tipología se agrega al conjunto de formas de habitar el territorio amazónico. En efecto, y como bien lo documentó el antropólogo Roberto Franco García, fallecido en 2014, en la zona interfluvial de los ríos Putumayo y Caquetá, al oriente de los ríos Cahuinarí y Bernardo y a ambas orillas del río Puré, se encuentra asentado un grupo indígena que se ha resistido al contacto.
“En 2002 se constituyó el parque nacional Río Puré, con cerca de un millón de hectáreas en la zona interfluvial de los ríos Putumayo y Caquetá, con los propósitos de consolidar un corredor de conservación desde el río Amazonas hasta el Caquetá y, principalmente, de proteger del contacto al pueblo indígena aislado conocido localmente como caraballos, llamado aroje o gente de Guama por los indios mirañas y referenciados en la literatura etnográfica como yuri”.
“En Suramérica, el subcontinente con más grupos aislados del mundo, cerca de cien grupos estarían refugiados en la selva de la cuenca del mayor de todos los ríos, el Amazonas […] por lo general ubicados en las fronteras de los estados amazónicos, en los sectores más alejados de la vías de comunicación y de los desarrollos agropecuarios […]. En Colombia, existen indicios serios de la existencia todavía de unos diez o más pueblos indígenas en aislamiento en el territorio” (Franco, 2012).
